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La Legislatura porteña aprobó en la sesión ordinaria del jueves 21 de agosto una ley impulsada por el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que crea una Unidad de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa como ente descentralizado del Ministerio de Educación. La norma apoyada por el PRO, Confianza Pública y la mayoría de UNEN establece que la Unidad realice la evaluación sistemática y periódica del impacto de las políticas educativas del Ministerio de Educación, del funcionamiento institucional del sistema educativo, de las instituciones superiores de formación docente, de la práctica docente y los aprendizajes alcanzados por los alumnos.

El organismo estará a cargo de un Director Ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo a través de un concurso público. Además contará con un Directorio integrado por 11 miembros: el Director Ejecutivo; 2 representantes del Ministerio de Educación, uno por la Dirección General de Planeamiento Educativo, otro por la Dirección General de Carrera Docente o la dependencia que en el futuro la reemplace y 3 miembros a designar por las primeras fuerzas o bloques de la Legislatura.

También lo conformarán 2 representantes de los sindicatos docentes con mayor cantidad de afiliados, 1 de los supervisores escolares; 1 del Consejo de Educación de Gestión  Privada y el Presidente del Comité Científico-Académico. Anualmente, antes del 1º de octubre, la Unidad deberá remitir a la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el Plan Anual de Evaluación Educativa que se propone desarrollar durante el siguiente año y un Informe de Gestión de lo realizado durante el año en curso.

Más sobre la ley

Otros aspectos fundamentados en el despacho de mayoría fueron que la Unidad Evaluadora  “se enmarca en la transformación educativa, para favorecer la implementación de un acuerdo social educativo entre todos los sectores de la sociedad donde la equidad y la calidad de la educación se instituyan como pilares fundamentales de una Política de Estado”

El objetivo de la evaluación es, para los autores del dictamen de mayoría, “proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educativos en la ciudad, comparativamente con todo el país y el contexto internacional, así como del cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en relación con las demandas de la sociedad y las metas fijadas por el Ministerio de Educación”.

Además se argumentó que "la mejora de la calidad educativa es uno de los retos prioritarios y un objetivo primordial en el proceso de construcción de un sistema que garantice la inclusión e integración de todos los niños, jóvenes y adultos de todos los niveles y modalidades educativos. Que para la adecuada resolución de la problemática educativa es indispensable el conocimiento de los resultados de aprendizaje de los alumnos, de las enseñanzas de los docentes y de la implementación de las políticas educativas. Esto se logrará sólo mediante la evaluación y las estadísticas. Que por ello, es necesario centralizar y ordenar, en el ámbito apropiado, todas las acciones vinculadas a obtener información sobre el sistema educativo".

Fundamentaciones a favor de la ley. 

La presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Victoria Morales Gorleri (PRO) sostuvo: "Históricamente en nuestro país el resultado de las evaluaciones se ocultaron bajo la alfombra. Sin ir más lejos, la última encuesta nacional sobre educación (ONE) fue publicada es de 2010”, al referirse al proyecto y luego recordó que "se trabajó dos años con sucesivas modificaciones". También defendió la descentralización de la Unidad: "puede dictar su propio presupuesto, normas y designación de funcionarios, y le permite no estar atada a la política de turno" y sostuvo que unidades de evaluación similiares se aplican ya en Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay. “La Unidad que proponemos será la clave para sincerar el sistema; está muy lejos de ser un dispositivo de vigilancia o de rankear docentes, como mezquinamente intentan hacer creer algunos sectores", continuó. "El Ministerio deberá implementar las políticas públicas necesarias para fortalecer el sistema nutriéndose de la información tanto de la Unidad como de otras áreas. La Unidad será una herramienta más para colaborar con el fortalecimiento de la calidad y equidad educativa", concluyó la legisladora.

Por otra parte la presidenta del bloque PRO, diputada Carmen Polledo dijo que "esta evaluación mide de modo integral los programas del Ministerio, de la formación docente y aprendizajes de los alumnos con parámetros medibles y sostenibles e implica un aporte al Ministerio para la mejora permanente de la educación".

El interbloque UNEN había presentado un dictamen en minoría con el que acompañaba la propuesta del PRO de la crear la Unidad de Evaluación pero no apoyaba que fuera autárquica. El diputado Maximiliano Ferraro (CC) en nombre de su bloque adelantó algunos cambios que introdujeron en el expediente. Previamente expresó que: "una ley general de educación es la deuda pendiente de la ciudad de Buenos Aires. Las políticas educativas y el sistema educativo tiene que ser evaluado. No podemos desconocer que el sistema educativo evalúa todo el tiempo, desde el nivel inicial. La estrategia que debe tomar el estado es qué hacer con los datos que ya se producen en el sistema de educación".

Algunos cambios incorporados a pedido de la mayoría de los diputados del interbloque UNEN fueron: que en el artículo 11 quede expresado taxativamente que "en ningún caso podrán ser utilizados para ser difundidos los resultados de la evaluación educativa de docentes o alumnos", informado por el diputado Ferraro. En tanto, la diputada María Eugenia Estenssoro del mismo bloque informó que se modificó el texto al establecer que: "la Unidad no podrá recibir otro tipo de financiación que la establecida en la normativa educativa de la ciudad" y agregó que en la nueva redacción "la evaluación no es punitiva sino pedagógica en un proceso de diálogo".

La diputada Graciela Ocaña (CP) aseguró que “así como en los 90 el eje era el financiamiento de la educación, hoy debe ser la calidad educativa y esta ley sin duda va a mejorar esa calidad”. Además consideró que la educación "no es una cuestión de un sector o de un grupo sino de todos: de los docentes, del Estado, de los padres y los alumnos por lo que la política educativa requiere consensos".

Posiciones contrarias a la norma 

Los argumentos contrarios del Frente para la Victoria fueron presentados por el diputado Jorge Taiana: “Esta ley recuerda a los viejos lineamientos del Banco Mundial como estrategia de debilitamiento del rol del Estado en materia de Educación y la estimulación de organismos autárquicos técnicos al margen de la política de educación" y agregó que la posición de esa bancada es que la evaluación educativa debe ser "contextualizada en el centro de las políticas públicas del Ministerio de Educación, integrada y participativa y en este caso no lo fue".

La diputada Virginia González Gass (PSA-UNEN) sostuvo: “Esta ley lo único que garantiza es consolidar la brecha en el acceso al conocimiento. Está en línea directa con los postulados de Milton Friedman en educación, por los cuales se abandona nuestra tradicional concepción de igualdad en el acceso a los derechos sociales básicos en forma universal. La experiencia chilena es un ejemplo claro de ello, un camino privatizador encubierto. Todo esto además de solapar negocios privados y negocios poco claros”, agregó.

En su intervención el diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) señaló: “Voy a votar en contra del ente privatista de Mauricio Macri y a sostener mi proyecto de evaluación social. En nombre de la calidad el gobierno busca ajustar a los docentes, avasallar su estatuto y agravar la desigualdad en favor de la educación privada”. El diputado Marcelo Ramal (FIT) consideró que la ley "estandariza y macdonaliza la educación", además recordó que "el año pasado se realizó en Brasil un encuentro de 33 universidades latinoamericanas, cuyo cierre estuvo a cargo de un represente del banco Santander Rio quien prometió becas para posgrado a cambio de que se aplique la evaluación de calidad educativa".  Por su parte, el diputado Pablo Ferreyra (SL) volvió a cuestionar la posibilidad de que la Unidad de Evaluación tenga la posibilidad de recibir fondos privados (lo que finalmente se bloqueó mediante las modificaciones acordadas con el bloque de UNEN).

Finalmente, la sanción obtuvo 38 votos a favor de los bloques PRO, Confianza Pública, la mayoría del interbloque UNEN excepto Verde Alameda y el Partido Socialista Auténtico que votaron negativamente junto al interbloque Frente para la Victoria y los diputados Alejandro Bodart (MST), Marcelo Ramal (FIT) y Pablo Ferreyra (SL), sumando 21 votos.

El expediente había obtenido un dictamen de mayoría del PRO en las comisiones de Educación y Presupuesto; y dos en contra de los interbloques UNEN y Frente para la Victoria, además de observaciones de los diputados Bodart y Ramal. El año pasado el asunto había llegado al recinto pero fue reservado en secretaría parlamentaria. 

Imagen

Vista del recinto con la presencia de docentes durante el debate de la ley de Evaluación Educativa   

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