Ciudad

"Produce innumerables problemas de convivencia para los vecinos del Barrio, que sumados a la deficiente estructura edilicia y las bajas condiciones de salubridad e higiene, menoscaban la calidad de vida de una amplia zona de la Ciudad de Buenos Aires", se argumentó. Además, se solicitó instalar cámaras de seguridad en la Autopista "Presidente Cámpora" y en veredas próximas a bancos.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves 30 de octubre, una declaración manifestando que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional realice las gestiones necesarias para trasladar el Complejo Penitenciario Federal ubicado en la manzana delimitada por las calles Pedro Lozano, Desaguadero, Nogoyá y Bermúdez del barrio de Villa Devoto.

"La existencia de la cárcel en el Barrio de Villa Devoto produce innumerables problemas de convivencia para los vecinos del Barrio, que sumados a la deficiente estructura edilicia y las bajas condiciones de salubridad e higiene, menoscaban la calidad de vida de una amplia zona de la Ciudad", destacan los fundamentos del proyecto de autoría de las diputadas Cristina García (CP) y Paula Oliveto Lago (CC). Durante el debate García recordó antecedentes legislativos presentados en 2004 por las diputadas MC Silvia La Ruffa, en 2007 por Liliana Parada, en 2009 por Ritondo, en 2011 por Campos y Presman y en 2013 por alumnos de sexto y séptimo grado del colegio "Benito Juárez" en el marco del programa "La Legislatura y la escuela".

El Penal de Villa Devoto, construido en la década del 20 en terrenos donados por Antonio Devoto, hasta 1957 fue una prisión para contraventores y dependía de la Policía Federal. En noviembre de 1957, la “cárcel de Devoto”, pasó a depender del Servicio Penitenciario Federal, y comenzaron a recibirse detenidos de toda índole. Si bien su capacidad es de 1600 reclusos, en la actualidad se alojan allí más de dos mil detenidos. Las consecuentes condiciones de hacinamiento que esta superpoblación implica, ocasiona numerosos problemas de convivencia, que sumados a la deficiente estructura edilicia y las mínimas condiciones de salubridad e higiene, dificultan el control de la seguridad. En 1978 se produjo allí la mayor tragedia ocurrida en establecimientos penitenciarios de la Argentina: un motín con un saldo de 61 muertos y 85 heridos por asfixia y quemaduras.

Por otra parte, un despacho de minoría firmado por las diputadas Claudia Neira y Lorena Pokoik (FpV) pedía el archivo del expediente basándose en la intención del Gobierno Nacional de materializar el traslado del Complejo Penitenciario a la localidad bonaerense de Mercedes. Sostuvieron que "una declaración legislativa como la que se propone, deviene a la luz de los hechos por un lado innecesaria, y por el otro improcedente, por cuanto las acciones administrativas pertinentes se vienen llevando a cabo en un todo de acuerdo con lo dispuesto en las normas que reglamentan su ejercicio". Además agregan los fundamentos que "la misma solo puede perseguir la intención de instalar una inexistente “falta de voluntad” o atraso por parte del Poder Ejecutivo Nacional respecto al referido complejo traslado". 

Finalmente, la declaratoria se aprobó en base a un despacho de mayoría de la Comisión de Seguridad con 40 votos positivos (PRO, CC, PSA, PSur, SUMA+, BC), 17 negativos (FpV, NE, SP, SL, FPP) y 2 abstenciones (FIT y MST) en presencia de un grupo de vecinos que ocuparon los palcos.

Solicitan instalar cámaras de seguridad en Autopista "Presidente Cámpora"

El Cuerpo Parlamentario porteño expresó este jueves que vería con agrado que "el Poder Ejecutivo lleve a cabo las gestiones necesarias para la instalación de cámaras de seguridad en la Autopista "Presidente Héctor J. Cámpora" (AU7), que ocupa el antiguo trazado de la Avenida Lacarra y recorre el Parque "Almirante Brown", así como la presencia de efectivos de la Policía Metropolitana, y la disposición de medidas de seguridad en toda su traza".

Según los fundamentos de la autora del proyecto de ley, diputada Cristina García (CP), "resulta de suma importancia que las autoridades competentes administren las medidas necesarias para resguardar, no solo a los automovilistas que son víctimas de ataques y/o asaltos, sino también a los niños y adultos de los asentamientos aledaños que constantemente y en forma imprudente ponen en riesgo su vida cruzando la autopista, en donde no se encuentra reparo alguno".

Por otro lado, la declaración recibió una disidencia por parte de los diputados Claudio Palmeyro (PJ), Lorena Pokoik y Claudia Neira (FpV), quienes sostuvieron que la Ley Nº 2.602 regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y su posterior tratamiento, estableciendo que “la instalación de videocámaras por parte del Poder Ejecutivo será procedente en la medida en que resulten de utilidad concreta a fin de proporcionar información necesaria para adoptar eventuales medidas de gobierno relacionadas con el espacio público”. "Se estima que corresponde establecer lineamientos generales para el diseño de criterios de establecimiento de cámaras, que garanticen su utilización racional, ello es, de acuerdo a fines concretos y determinados, cuidando que su distribución atienda la densidad poblacional, la circulación intensiva o bien la realización frecuente de eventos masivos en distintas zonas de la ciudad", según los fundamentos de los autores.

Piden videocámaras en veredas próximas a bancos

Los legisladores de la Ciudad declararon que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo incluya en las futuras instalaciones de videocámaras las aceras linderas a los inmuebles donde prestan servicios las instituciones bancarias autorizadas por el Banco Central de la República Argentina. "El recurso que le brinda la seguridad electrónica a las fuerzas de seguridad es sin dudas de vital importancia para la prevención, pero también para la eficacia en el accionar policial. Hoy en día, no se puede pensar a la seguridad preventiva sin el apoyo de las cámaras de seguridad ya que su efectividad en el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad ha quedado comprobada, y quienes trabajan en la prevención del delito así lo afirman", sostuvo en sus fundamentos el autor de la iniciativa, diputado Hernán Rossi (SUMA+).

Declaraciones de Interés

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de Interés Cultural la tradicional "Semana del Auténtico Helado Artesanal", que se llevará a cabo entre el 24 y el 30 de noviembre del corriente año. Esta festividad se organiza con el objetivo de difundir las cualidades y bondades del helado artesanal, que forma parte de nuestra identidad y representa la historia de la gastronomía nacional. Entre las diversas actividades que se celebran en la semana habrá degustaciones gratuitas en el Obelisco, visitas guiadas a heladerías artesanales, clases magistrales de helado artesanal, acciones solidarias y degustaciones gratuitas en heladerías adheridas. La diputada Victoria Roldán Méndez (PRO) es autora de la iniciativa.

Por otro lado, se declaró de Interés Turístico de la Ciudad a "La Primera Esquina de los Oradores", ubicada en Concepción Arenal 4864 del barrio de Chacarita, donde se desarrolla la muestra permanente "De Walsh a Lanata (40 años de periodismo argentino)". El espíritu de la exposición es reivindicar el oficio del periodista independientemente de los prejuicios ideológicos y personales. Estará abierto al público y no mirará hacia adentro, sino hacia los vecinos, los estudiantes de periodismo y de carreras afines, las escuelas, los colegios y el barrio en particular. La declaración fue presentada por la legisladora Graciela Ocaña (CP) y recibió las abstenciones del bloque Frente para la Victoria, del diputado Pablo Ferreyra (SL) y de la diputada Virginia González Gass (PSA).

Preocupación por el caso Julio López

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación y en la causa judicial por la desaparición de Jorge Julio López hace ocho años en la ciudad de La Plata (B), y acompaña la lucha y el dolor de sus familiares. López fue secuestrado por primera vez el 27 de octubre de 1976 por un grupo de tareas al mando del represor Miguel Etchecolatz y permaneció detenido hasta junio de 1979. El 18 de septiembre de 2006, ya en democracia, López se preparaba para dar su testimonio final en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se seguía contra el genocida, cuando desapareció por segunda vez, pocos días antes de la sentencia. El legislador Daniel Lipovetzky (PRO) presentó la iniciativa.

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La diputada Cristina García (CP) impulsó las gestiones para trasladar la cárcel de Devoto y la instalación de cámaras en la Autopista "Presidente Cámpora"

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