El 18 de diciembre los vecinos de Parque Avellaneda se enteraron, por la llegada de grandes camiones, que los habitantes de La Lechería iban a ocupar las casas que se habían construido en el barrio.

En el año 2004 el Gobierno de la Ciudad adquirió entre otros , tres terrenos para la construcción de viviendas, ubicados en la calle Monte Carballo Nº 1674, El Profeta De La Pampa Nº 4552 y Moreto Nº 1675 que si bien son independientes forman parte de la misma manzana y se comunican entre sí por los fondos.

Los vecinos no entendían el traslado masivo de los nuevos habitantes, porque aunque no entraron a verificar, por la apariencia los edificios estaban muy lejos de estar en condiciones de habitabilidad. A simple vista se observaba la falta de vidrios, protección de balcones y terminaciones en general, pero grande sería la sorpresa cuando se enteraron que los mismos tampoco contaban en su interior con los servicios mínimos e indispensables para una vivienda digna, los edificios no cuentan con servicio de luz y agua salvo la de obra y los baños con las limitaciones que genera el líquido elemento. La evidencia de la falta de agua fue comprobada  porque el agua fue traída en camiones para suministrarles a las viviendas. A esto debe sumarse que tampoco tienen servicio de gas, ya que a los pocos días un camión descargó 50 garrafas.

Ante distintas situaciones que fueron generando disconformidad empezaron a reunirse, a verificar mediante internet las condiciones de los contratos con las distintas cooperativas, como así también la plata destinada para la construcción por parte del Instituto de la Vivienda. Es así que encontraron el informe de la Auditoría de la Ciudad, Nº  1.06.22 -  Créditos Ley 341/964 realizada durante el 2005/06 y entregada el mes de diciembre del año 2007, ratificada en el año 2008, donde se consignan las falencias del plan, como también las entregas de dinero correspondiente y las carencias que aún detectaban en  los edificios.

Varias fueron las anomalías detalladas, entre ellas la demora en los tiempos empleados en trámites administrativos, Incumplimientos en la contratación de equipos técnicos interdisciplinarios, observaciones a los requisitos establecidos para el cumplimiento de los beneficiarios, el Instituto para la vivienda no ha realizado el correspondiente estudio de títulos,  promedios muy bajos en la construcción de viviendas verificando un 38%  de la obra lo que dificulta la actualización del costo, adjudicación de las viviendas sin cumplir los requisitos mínimos, encontrando casos que han sido anotados con el número de pasaporte cuando debe tener un mínimo de 2 años de residencia en la Ciudad.

Ante todas las irregularidades detectadas los vecinos pidieron la intervención del Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC) Nº 9 quien a su vez pidió la concurrencia de  las autoridades correspondientes. El martes 6 de enero el asesor del Ministerio de Bienestar Social López Medrano concurrió con más dudas que certezas a reunirse con los vecinos, por lo que éstos últimos pidieron una entrevista con el Jefe de Gobierno para solicitarle una solución a éste y otros temas que son similares y se están llevando a cabo en la zona.

Por otra parte elaboraron una nota dirigida a la Jefatura de gobierno donde solicitan respuesta a  las falencias detectadas esperando respuesta.  

En una comunicación telefónica con la radio Frecuencia Zero el Diputado de la Ciudad, Facundo Di Filippo Presidente de la Comisión de la Vivienda, destacó “no podemos elegir al vecino que viene a vivir al barrio”. Es cierto no podemos elegir al vecino, nos comenta una vecina, pero la perspectiva cambia cuando son 97 familias, agregando “más si tenemos en cuenta que como los edificios están sin terminar han convertido el barrio en una tapera”.

En el traslado de la cooperativa Los bajitos a Mataderos, a unas pocas cuadras, se dio un caso distinto, pero muy parecido, allí los vecinos impidieron la ocupación del terreno ya que las viviendas aún no se han construido. Las familias que intentaron trasladar lo iban a hacer a unas precarias construcciones, una suerte de boxes en un galpón, que con un techo común serviría de alojamiento a los integrantes de la cooperativa hasta la construcción del edificio. 

Estos vecinos se niegan al traslado a “las viviendas temporarias” hasta que se construyan viviendas dignas y habitables,  ya que la cooperativa es adjudicataria de un terreno adquirido por la Ciudad hace 4 años, pero no se construyó el edificio previsto. Esta cooperativa que nuclea a 85 familias, si no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad, generarán en la zona una especie de asentamiento, dicen los vecinos. Otro planteo que hacen es por los costos que se abonaron por los terrenos, que según los cálculos hechos por los vecinos, superan ampliamente los montos que se abonan en la zona.

En distintas consultas hechas a Legisladores de la Ciudad, hemos obtenido distintas respuestas, por un lado “el derecho a la vivienda está por encima de todas las otras leyes”  y por otro nos han respondido que “es posible un desalojo administrativo, terminar los edificios y luego permitir el ingreso de los adjudicatarios. Nos preguntamos es posible que la inercia de distintos funcionarios que deberían actuar en beneficio de todos, generan estas luchas donde los pobres son trasladados a lugares que no son habitables con carencias que generan malestar en sus nuevos vecinos?. Entendemos que esto se podría haber evitado si al menos se hubiera cumplido con la ley.