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El jueves 12 de febrero, en la casa de una de las vecinas de Parque Avellaneda, se llevó a cabo una reunión con asesores del legislador Facundo Di Filippo, a la que concurrió gran cantidad de vecinos, indignados por la problemática que atraviesan luego del traslado masivo de los integrantes de la Cooperativa La Lechería a la zona. Estos edificios construidos por el Instituto de la Vivienda (IVC), además de estar sin terminar, carecen de los servicios esenciales ya que sólo cuentan con la luz y el agua de obra, y la provisión del gas se hace con garrafas.

Se llegó a ésta reunión luego de recorrer varias oficinas de funcionarios y asesores, en busca de una solución, que generaron expectativas en los vecinos pero no obtuvieron respuesta, pero a través de un mail enviado a la Legislatura, tomó intervención el Legislador Di Filippo por su condición de Presidente de la Comisión de la Vivienda de la misma.

Los asesores que concurrieron para escuchar la problemática fueron Albertina Marantana y Jimena Navaita una de ellas abogada y el arquitecto Gustavo Cañaveral, los que destacaron que el diputado Facundo Di Filippo ya realizó el pedido de informes correspondiente tanto al IVC como a la Corporación Buenos Aires Sur,  dado que en días previos a la mudanza se cayó desde uno de los edificios un tanque de agua hacia la casa de un vecino. El pedido de informes fue dirigido al Ingeniero Roberto Apelbaum, Presidente del Instituto de la Vivienda, con fecha 17 de diciembre, amparado en la ley 104 de la Ciudad. La respuesta fechada el 23 de diciembre llegó a manos del diputado el 27 de enero del 2009 con la siguiente respuesta: “Con relación a la construcción de viviendas las mismas son realizadas por las entidades intermedias con la Asistencia Financiera que otorga el Instituto de Vivienda, siendo estas las responsables sobre daños a terceros. Además la reglamentación de la Ley 341- Acta de Directorio Nro. 2350/D/08- determina que todos los proyectos constructivos deben tener la aprobación de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Requisito sin el cual no es posible iniciar la obra. Cumplido ello gírense las actuaciones al área correspondiente. Este último texto es copia es copia fiel del informe enviado que tiene sello del instituto y numerado como folio 7”.

Sin embargo el arquitecto Cañaveral destacó las limitaciones  del diputado, ya que por su pertenencia a otro partido del gobernante (Coalición Cívica)  sólo puede ejercer una función legislativa de control, destacando no obstante que harán una investigación a los entes del Gobierno que participaron del traslado y construcción, a fin de clarificar y analizar las contravenciones denunciadas. También destacó la abogada Marantana que la ley 311 promueve la autogestión y el trabajo con el objetivo social, fundamentos sobre los cuales se han creado las cooperativas de vivienda.

Ante ésta última exposición, los vecinos destacaron que no se cumplieron los requisitos mínimos en la conformación de la cooperativa, remarcando que hay vecinos que no han tenido la oportunidad de resultar beneficiados con una vivienda de las que construye el IVC, a pesar de reunir los requisitos. Además destacan los vecinos  la ruptura del tejido social en la zona, por la forma en que se realizó el traslado y sin contemplar el impacto social que generó en el barrio la ocupación masiva de las viviendas, ya que se llevó a cabo de improviso y las mismas no se encuentran en condiciones de habitabilidad. Al contrario de las opiniones de los funcionarios que dicen ver discriminación en los vecinos, respecto a los integrantes de la Cooperativa, “somos nosotros los discriminados”  manifestaron en varias oportunidades los vecinos porque además de haber perdido la privacidad de sus viviendas, si intentan ponerla en venta reciben como respuesta “a una cuadra del asentamiento el precio es distinto”.  

Como informamos en nuestro número anterior, varias fueron las anomalías detectadas en la construcción y adjudicación de los edificios, según el informe Nº 1.06.22 elaborado por la Auditoría de la Ciudad, presentada en el mes de diciembre del año 2007, ratificada en el año 2008, como también el informe elaborado por la Sindicatura de la Ciudad que fue publicado oportunamente. Se describen en el informe, las falencias del plan, como la demora en los tiempos empleados en trámites administrativos, el Incumplimiento en la contratación de equipos técnicos interdisciplinarios, el correspondiente estudio de títulos, promedios muy bajos en la construcción de viviendas verificando un 38%  de la obra lo que dificulta la actualización del costo, las observaciones a los requisitos establecidos para el cumplimiento de los beneficiarios  por lo que se adjudicaron las viviendas sin cumplir los requisitos mínimos, encontrando casos que han sido anotados con el número de pasaporte cuando debe tener un mínimo de 2 años de residencia en la Ciudad y en algunos casos los beneficiarios de departamentos son menores .

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