El acto contó con la participación del fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Martín López Zavaleta, junto al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, quienes suscribieron los convenios que impulsan esta nueva etapa del proceso de transferencia.

El traspaso representa un avance institucional de importancia, ya que fortalece la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires al otorgarle mayores facultades para intervenir en la investigación y el juzgamiento de determinados delitos, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional tras la reforma de 1994.

Los convenios contemplan una serie de puntos centrales:

Nuevas competencias penales: la Justicia de la Ciudad asumirá progresivamente la investigación y el juzgamiento de delitos que hasta ahora permanecían bajo la órbita de la Justicia Nacional, profundizando el proceso de transferencia iniciado años atrás.

Transferencia de recursos: el traspaso estará acompañado por las partidas presupuestarias necesarias para garantizar el funcionamiento de los nuevos servicios judiciales, evitando que la Ciudad deba afrontar esas competencias sin financiamiento.

Fortalecimiento institucional: el acuerdo consolida el proceso de autonomía de la Ciudad, otorgándole mayores facultades para administrar justicia en su territorio, tal como prevé la Constitución Nacional.

Implementación gradual: la transferencia no será inmediata. Los convenios deberán ser ratificados por el Congreso de la Nación y por la Legislatura porteña, y comenzarán a regir 120 días después de ambas aprobaciones.

Una vez que el proceso entre en vigencia, una mayor cantidad de causas penales será investigada y resuelta por la Justicia de la Ciudad, lo que apunta a agilizar los procedimientos, evitar superposiciones entre jurisdicciones y brindar una respuesta más cercana y eficiente a los ciudadanos.

El traspaso de competencias judiciales es un reclamo histórico de la Ciudad de Buenos Aires desde la reforma constitucional de 1994, que le otorgó autonomía política, administrativa y judicial. Con este nuevo acuerdo, continúa el proceso para que la Justicia porteña asuma plenamente las funciones que corresponden a un distrito autónomo.

Importante: el convenio no transfiere toda la Justicia Penal. Se trata de una nueva etapa del proceso de transferencia de competencias. Los delitos específicos que pasarán a la órbita porteña deberán definirse en la reglamentación y en los anexos del acuerdo una vez que sea ratificado por el Congreso y la Legislatura.