Ciudad


El Fiscal y el Defensor General y la Asesora Tutelar efectuarán un análisis de la actual estructura en función de las competencias de la Ciudad de Buenos Aires en materia penal, contravencional y de faltas y, procederán a atribuir competencias específicas a los magistrados conforme áreas de trabajo y criterios de especialización y autonomía.

Una ley con el objeto de especializar la intervención de los magistrados integrantes del Ministerio Público en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad a fin de optimizar la prestación del servicio de justicia en dicho ámbito jurisdiccional fue sancionada este jueves por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La norma aprobada con texto consensuado dispone que dentro de los 180 días de promulgada el Fiscal General, el Defensor General y la Asesora Tutelar efectuarán un análisis de la actual estructura orgánica del Ministerio Público a su cargo en función de las competencias de la ciudad en materia penal, contravencional y de faltas y procederá a atribuir competencias específicas a los magistrados integrantes del ministerio público a su cargo, conforme áreas de trabajo y criterios de especialización y autonomía.

El expediente es de autoría de los diputados Helio Rebot (PRO), María Rosa Muiños (FpV), Paula Oliveto Lago (CC-UNEN) y Carmen Polledo (PRO). En los fundamentos del despacho de la Comisión de Justicia se argumentó que "el mantenimiento de la actual estructura amplia y variada del Ministerio Público Fiscal deviene poco eficaz para atender la complejidad diversa de causas y la demanda creciente de competencias atribuidas a la ciudad y que irán traspasándose en el futuro. Lo mismo sucede respecto de Defensores Generales y Asesores Tutelares".

Datos y cifras del Poder Judicial de la Ciudad contenidos en el Anuario 2012 indican que las causas tramitadas en las temáticas penal, contravencional y de faltas fueron: Penal: 34.347 causas (35,18%), Contravencional: 48.407 causas (49,58%) y Faltas: 8.499 causas (8,71%). El restante porcentaje obedece a ejecución de multas, causas electorales, etc. De todos modos, la evolución de la cantidad de causas es dispar y, entre otros factores, se relaciona con la cantidad creciente de competencias atribuidas a la ciudad: Penal: de 255 causas en el año 2004 a 19.396 en el año 2012; Contravencional: de 78.484 causas en el año 1999 a 29.597 en el año 2012; Faltas: de 1818 causas en el año 2001 a 4.005 en el año 2012.

Además, de las estadísticas del año 2012 surge la siguiente distribución de causas ingresadas por áreas: Causas Penales: 18.248, causas originadas por contravenciones contra seguridad física: 5223, causas originadas por contravenciones contra la seguridad pública: 2680 (sobre un total de 29527 contravenciones). En el caso de Faltas son 4008. Es decir, la variación año a año de competencias y la necesaria especialización torna indispensable dividir la actuación penal, contravencional y de faltas.

Designaciones en la Justicia

La Legislatura produjo designaciones en la justicia porteña a propuesta del Consejo de la Magistratura, según lo dispone el artículo 126 de la Constitución local. Aprobó las propuestas contenidas en despachos de la Junta de Ética, previa audiencia pública efectuada el 19 de noviembre último. Acordó designar al Dr. Juan Vicente Cataldo como Asesor Tutelar ante la misma Cámara y a la Dra. Pignata Noris como Asesora Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

Por otra parte, (NO) fue designada la Dra. Mariana Pucciarello para cubrir el cargo de Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, una propuesta ante la que las diputadas Paula Oliveto Lago (CC-UNEN), Graciela Ocaña y Cristina García (CP) se opusieron impulsando el rechazo del pliego por falta de idoneidad.

Modifican ley sobre destrucción de grabaciones de videocámaras

"Las grabaciones son destruidas una vez transcurridos sesenta (60) días corridos desde su captación, mientras que no deberán destruirse las grabaciones que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.”, indica el nuevo artículo 11 de la Ley N° 2.602.

La Ley N° 2.602 regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y su posterior tratamiento, estableciendo específicamente el régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de grabación y uso de las imágenes.

La modificación introducida este jueves 11 de diciembre tiene por finalidad modificar el plazo de destrucción. Estadísticas de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, revelan que de los 6.883 requerimientos de causas judiciales que ingresaron durante el primer cuatrimestre del año 2014, se puede observar que el 97,5 % de las mismas ingresaron antes de los 60 días corridos al momento de ingreso de la solicitud. Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina, dispone el mismo plazo de guarda, es decir 60 días, para las grabaciones correspondientes a los cajeros automáticos.

La propuesta del diputado Daniel Presti (PRO) tuvo despacho de la Comisión de Seguridad en el que también se argumentó que "El sistema de videocámaras no permite programar la grabación de imágenes para días hábiles, sino que por el contrario, el sistema sólo permite asignar una capacidad de almacenamiento por cámara para cubrir los días requeridos en forma corrida. De esta manera, con la modificación de la Ley N° 2.602 se estaría agilizando la labor de proceso para la guarda de imágenes optimizando la utilización de los recursos tecnológicos disponibles".

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Diputado Helio Rebot (PRO)

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